Los opositores afirman que reiniciar las conversaciones de adhesión a la UE socavaría el control de Islandia sobre la pesca, la agricultura y otras prioridades clave. Argumentan que la soberanía nacional debería guiar las políticas en estas áreas en lugar de ceder la supervisión al bloque. La postura refleja la preocupación interna de que las normas de la UE podrían afectar industrias importantes.